Desahucio” es una palabra desgraciadamente muy común en la España de los últimos años. La hemos escuchado miles de veces en la televisión, acompañada de duras imágenes que fueron el simiente de la rabia y la indignación ciudadana.
Posteriormente, se crearon asociaciones como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) para defender a los propietarios.
Más tarde, la situación derivó en tristes escenas en las calles y plazas de los barrios.
La impotencia colectiva de no poder evitar que los más humildes pagaran los platos rotos de la burbuja inmobiliaria se daba cita en los informativos y tertulias semana tras semana.

En Estados Unidos, la realidad no era tan distinta. En 2010, en pleno apogeo de la crisis financiera, el gobierno federal empezó a inquietarse ante un contexto social en el que las familias no dejaban de perder sus hogares.
Casas completamente vacías en las que la hierba de sus jardines poco a poco ascendía por las fachadas de mármol.
Un incómodo silencio se aposentó en estos lugares en los que ya apenas vivía nadie.
El mercado de la vivienda continuaba en caída libre, los precios seguían descendiendo para los inquilinos y no había indicios de que llegara una recuperación económica que pusiera fin a la situación.
Un tsunami parecía haber arrasado barrios y ciudades, y las previsiones no daban signos de que la cosa fuera a mejorar.

El gobierno profesionalizó un sector empresarial que sustituyó a los negocios anteriormente administrados por terratenientes familiares

Entonces, el gobierno instó a Wall Street a intervenir.
A principios de 2012, lanzó un programa piloto que permitió que inversores privados compraran fácilmente casas embargadas a cientos de personas de la agencia gubernamental Fannie Mae.
El plan era alquilarlas a nuevos inquilinos en zonas muy afectadas por las ejecuciones hipotecarias.
“Hubo un exceso de propiedades embargadas en ciertas partes del país
para una demanda muy deficiente de hipotecas”, explica Meg Burns, quien en ese momento era la directora asociada de la Oficina de Vivienda y Política Regulatoria, en 'The Atlantic'.
“Tan solo estábamos tratando de influir en la demanda”.

El programa funcionó. Los grupos de capital privado y fondos de inversión más grandes del mundo, así como otros magnates de la inversión, gastaron un total de 36 mil millones de dólares (unos 31,937 mil millones de euros aproximadamente) en más de 200.000 hogares de este tipo.
Solo en una dirección postal de Atlanta, adquirieron casi el 90% de las 7.500 casas vendidas entre enero de 2011 y 2011.
Hoy en día, muchos de ellos poseen al menos uno de cada cinco alquileres de viviendas unifamiliares en determinadas partes de suelo urbano, de acuerdo a Dan Immergluck, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Estatatal de Georgia.
De este modo, el gobierno profesionalizó un sector empresarial hasta ahora inédito que sustituyó a los negocios administrados anteriormente por terratenientes familiares.
Pero algo todavía más importante: extendieron la idea de una actividad económica rentable, cuando hasta unos meses antes invertir en vivienda era sinónimo de bancarrota.

Alquileres disparados, especulación inmobiliaria

En España, los datos baten todos los récords.
En 2018 se invirtieron 4.270 millones de euros en el sector de alquiler, según un informe de la consultora CBRE.
Se trata de una cifra nunca antes vista, lo que pone de manifiesto el enorme interés que despiertan este tipo de activos en un contexto en el que los precios de los alquileres siguen disparándose en determinadas ciudades (sobre todo en las grandes, como Madrid o Barcelona).

Brookfield, PGIM, Blackstone, Hines o MetLife son algunos de los fondos de inversión con el mayor valor de mercado inmobiliario del mundo: tres billones de forma global, según un informe de 'IPE Real Assets'.
Solo las diez primeras controlan cerca de un tercio de todo el volumen de estas inversiones. La más conocida en nuestro país y que no deja de acaparar titulares es Blackstone, la cual posee un valor de unos 23.000 millones de euros.
Desde que comenzó su andadura hace 15 años no ha dejado de realizar operaciones, la última más importante la de la socimi Testa Residential, que posee más de 10.600 viviendas en alquiler, por una cantidad que supone valorarla en 1.895 millones.

Volviendo a Estados Unidos, uno de los efectos más directos fue que la nación pasara a ser un país en régimen de alquiler.
La periodista Alana Semuels ha publicado un reportaje en 'The Atlantic' en el que analiza las causas y consecuencias de esta coyuntura.
Entre 2007 y 2017, había 6,5 millones de hogares ocupados por inquilinos, hasta seis veces más que el volumen de propietarios, que se quedaba en un millón.
“Por supuesto, las tendencias que favorecieron a estos nuevos propietarios fueron producidas en gran parte por una crisis financiera que Wall Street había alentado”, afirma Semuels.

Las familias se sienten atrapadas en casas que no son suyas y los dueños se centran en ganancias a corto plazo para complacer a sus accionistas

“Es tristemente irónico que esas mismas empresas de inversión que habían sido responsables de haber producido la crisis de la vivienda acabaran beneficiándose de ella.
Pero si nuevas compañías cumplieran sus promesas de ofrecer alquileres fáciles y asequibles, tal vez todos ganarían: las empresas podrían obtener su correspondiente beneficio y el mercado inmobiliario se recuperaría, al igual que todas esas casas en barbecho podrían volver a ser ocupadas con nuevos residentes. Podríamos volver a ver hogares felices”.

Evidentemente, esto no es lo que pasó.
“Los inquilinos aseguran que, lejos de brindar eficiencia y facilidad al mercado del alquiler, sus propietarios corporativos se están centrando en las ganancias a corto plazo para complacer a los accionistas, a expensas de la seguridad y bienestar de los arrendatarios”, confirma la periodista.
“Muchas de las familias con las que hablé se sienten atrapadas en casas que no son de su propiedad, mientras suplican a lejanas compañías que sufraguen las reparaciones que tanto necesitan y recuerdan cómo una vez más terminaron siendo los perdedores de una apuesta de Wall Street”.

'Esta casa es una ruina'

Otro de los problemas añadidos para esta nueva generación de inquilinos y propietarios es la respuesta negativa de los propietarios ante la petición de que asuman los gastos de las reparaciones de casas que llevan años sin ser habitadas, sin las cuales la habitabilidad del inmueble queda muy en entredicho.
Al fin y al cabo, una vez firmado el contrato y haber trazado un plan de rentabilidad familiar, dar marcha atrás es una posibilidad remota.

Por todo ello, no les queda más remedio que acostumbrarse, o remediar “con lo que sea o se pueda”, las deficiencias.
Y vivir en una casa en ruinas no solo es desfavorable en cuanto a estética; también conlleva grandes riesgos para la salud de sus residentes.
El moho de las paredes, producido por la humedad, suele ser agravante de alergias y enfermedades respiratorias.
Esto solo es la punta del iceberg.
Una casa en estado de descomposición puede ser el claro antecedente de múltiples accidentes domésticos, desde cortes con mesas y sillas, hasta inundaciones a causa del mal estado de las tuberías o del techo.
Una triste realidad que seguramente se pueda extrapolar a España con numerosos ejemplos.